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    2019-06-12

    A partir de las consideraciones que distinguen la institucionalización formal e informal, O’Donnell hace un llamado am630 tener en cuenta las especificidades de las democracias de América Latina y plantea que algunas democracias han subsistido, se han mantenido en el tiempo aun con la presencia de instituciones informales, por lo cual era necesario investigar la forma en como se entroncan instituciones formales e informales y evaluar las democracias que están lejos de los regímenes autoritarios, pero presentan instituciones que no corresponden propiamente a la poliarquía. Aquí retoma los conceptos de Accountability vertical y horizontal que van a ser centrales en los debates de la década siguiente respecto a la calidad de la democracia, en el marco de las consideraciones de su concepto de democracia delegativa y aborda una temática que conduciría en otros autores al concepto de regímenes híbridos. La adición respecto a que en las democracias deben ser cumplidos los mandatos de los gobernantes legalmente establecidos no es muy clara. Aunque este criterio apunta a considerar que una democracia debe ser estable en sus reglas, respetados los resultados y las autoridades no deben estar sujetas a presiones indebidas que conduzcan a dejar el mando, ni ser sometidas mediante la fuerza por actores armados o civiles, puede asumirse que el requisito de que existan elecciones libres, limpias, correctas y periódicas implican que sus resultados sean respetados. La periodicidad significa que deben ser regularmente realizadas, y no lo serían si se presentan interrupciones indebidas de los mandatos. Parecería redundante el argumento. Por otra parte, como lo ha analizado en algunos casos de América del sur Aníbal Pérez Liñán, no toda suspensión de un mandato popular atenta contra la estabilidad y contra la democracia. Hay casos de juicios a los presidentes y hasta renuncias, que han conducido a la suspensión del mandato ya sea por presiones “desde la calle”, por movimientos sociales, o por coaliciones en los congresos o situaciones especialmente críticas, y que no han conducido a quiebres democráticos. Se ha dado una sucesión sin problemas de gobiernos civiles. Hay diversos casos de crisis presidenciales en las cuales se suspenden los mandatos y no se afectó la democracia, ni se produjo un quiebre a ésta. Los diseños institucionales le han dado cabida a procedimientos como el juicio y la destitución en casos de corrupción o de situaciones especialmente críticas de contestación social en las que los presidentes han renunciado. Se han suspendido los mandatos, sin quiebres democráticos. En el caso de autoridades designadas, se presupone la separación y autonomía de poderes, considerada constitucionalmente, lo cual implica que acciones que la afecten y rompan el equilibrio y la lógica de pesos y contrapesos implica una fractura en la democracia. Respecto al segundo punto, O’Donnell retoma el planteamiento de Philippe Schmitter y Karl Terry Lynn, quienes habían propuesto —en un ejercicio similar— adicionar también dos criterios a Nucleolytic reaction los propuesto por Dahl: los funcionarios de elección popular deben ser capaces de ejercer am630 sus poderes constitucionalmente, sin estar sometidos a una oposición avasalladora de los funcionarios no electos, especialmente las fuerzas militares, y deben ser capaces de actuar sin constreñimientos de actores externos, deben ser autónomos respecto a fuerzas extraterritoriales. Hay una clara y justificada prevención respecto a la posible injerencia de los militares y de otros actores externos en el ejercicio del poder. En cuanto a la institucionalización de las elecciones, éste es un aporte de O’Donnell. Aquí hay un factor adicional al considerar las tres dimensiones de la institucionalización de las reglas: que sean conocidas, acatadas y aplicadas. De tal forma que realza el hecho de que en las democracias las elecciones deben estar institucionalizadas, esto es, que todos los actores políticos dan por sentado que se seguirán realizando elecciones limpias durante un periodo indeterminado, ya sea en fechas establecidas legalmente o según circunstancias también legalmente establecidas, asimismo, se da por entendido y se asume que las libertades continúan vigentes. Con esta adición queda el atributo de la democracia referido a elecciones reformulado: deben ser libres, competitivas, periódicas, limpias e institucionalizadas. Este aspecto había sido considerado, tal vez, como una condición implícita, a manera de un “pacto democrático” como lo fue planteado por el propio Dahl. Sobre ello también habían llamado la atención Schmitter y Karl al plantear que la concreción de este pacto depende de las escisiones sociales y factores subjetivos como la confianza mutua, las normas que definen el juego limpio y la disponibilidad al compromiso y que podía, incluso, ser compatible con una gran cantidad de disidencias sobre temas políticos sustantivos. En todo caso, se refiere a la difundida expresión respecto a que la democracia funciona (y se consolida) cuando es considerada como The only game in town, expresión utilizada también por Juan Linz-Alfred Stepan y Adam Przeworski para referirse a la consolidación democrática —que se traduce como las normas únicas y compartidas por todos—.