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  • br En general los resultados electorales de

    2019-06-27


    En general, los resultados electorales de 2011 demuestran la identificación y cercanía lograda entre los movimientos sociales y Ollanta Humala, por lo menos en términos de adhesión electoral, la misma que se mantuvo en el tiempo pues en 2006 también estos sectores le otorgaron su voto. Así, la elección de Gana Perú y la coalición de centro izquierda que lo acompañó los primeros seis meses de gobierno liderada por el ex premier Salomon Lerner, fue el punto culminante de un proceso de acercamiento y coincidencia por posicionar en el escenario nacional posturas críticas al modelo neolibral. Resume también las expectativas y esfuerzos de los movimientos por lograr representación política, no tanto eligiendo autoridades directamente vinculadas al movimiento, cosa que no consiguen autonómamente ni Humala les facilita, pero sí en términos de identificación con el nuevo presidente y la confianza en que “representa sus intereses”. No obstante, L-Stepholidine los pocos meses de que Humala asumiera el cargo, el estallido de nuevos conflictos socioambientales puso en evidencia la opción del nuevo gobierno por continuar el modelo neoliberal, con ello se inició una nueva etapa de relación de los movimientos con la política institucional.
    IV. Dinámicas políticas, episodio dos: vuelta al distanciamiento y otros caminos La postura asumida por el gobierno generó una intensa reacción en distintas localidades donde existen importantes proyectos o concesiones mineras. Las protestas en las provincias de Hualgayoc y Celendin en Cajamarca contra el proyecto Conga, que pretende desecar tres lagunas naturales para extraer oro a tajo abierto, y las protestas en la provincia de Espinar en el Cusco contra la acción contaminante y la escasa redistribución por parte de la minera Billington Tintaya pueden considerarse las más representativas de esta nueva etapa. En ambos casos, las protestas se enmarcaron además en amplios diagnósticos preexistentes que señalaban los pasivos y problemas más urgentes que el nuevo gobierno debía abordar para paliar el conflicto socioambiental. Según estos informes, un primer grupo de reformas pendientes se refería al manejo ambiental de las L-Stepholidine concesiones mineras, principalmente las pautas de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (eia) que originaban diversas denuncias a las empresas por manipular las audiencias y a los funcionarios por su abierta parcialidad con los inversionistas. En un segundo grupo se contaban los cambios relacionados a Meiosis la distribución de ganancias y beneficios de las empresas mineras y petroleras. En los niveles local y provincial, las empresas habían firmado diversos convenios sobre entrega de fondos que la población pedía renegociar. Un reclamo legítimo teniendo en cuenta que si los precios del mineral y las ganancias de la empresa subían, los montos pactados también podían revisarse. Además se exigía mayor autonomía para el uso de estos beneficios, pues las empresas suelen tutelar su dinero canalizándolo a través de fundaciones y ong. Después de un año de gestión humalista, según los reportes de la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales continúan dominando la escena y no han disminuido significativamente respecto al gobierno anterior. De este modo, en julio de 2011, Defensoría del Pueblo reportó 118 conflictos socioambientales activos (55%) del total de casos, para julio de 2012 aumentó a 148 conflictos activos, poco más de 60% del total.
    ¿Qué es lo que revelan estas nuevas movilizaciones en términos de la interacción de las organizaciones sociales con el Estado y los actores institucionales? Durante las protestas de Cajamarca y Cusco quedó claro que el Estado estaba dispuesto a llevar la defensa de la política extractiva hasta sus últimas consecuencias, asumiendo la misma represión y criminalización ya ensayada por el ex presidente García. Esto implicaba desde acusaciones a dirigentes y autoridades de terroristas o politiqueros, hasta constantes alusiones a la población como “gente manipulada y desinformada”. Además, el nuevo primer ministro, Óscar Valdés, asumió la estrategia de presionar a los gobiernos subnacionales que apoyaban los reclamos de la población, al ordenar al Ministerio de Economía y Finanzas “bloquear” las cuentas del Gobierno Regional de Cajamarca y de la municipalidad provincial de Espinar, y encarcelar además al alcalde de Espinar, Óscar Mollohuaca, y los principales líderes acusados de alterar el orden público. Las sendas declaraciones del estado de sitio en Espinar (Cusco), Celendin y Bambamarca (Cajamarca) y la represión policial, dejaron un saldo de cientos de heridos, dos muertos en Espinar en mayo de 2012 y cinco fallecidos en Cajamarca en el mes de julio de 2012. La consecuencia de esta tensa coyuntura fue la división de la bancada nacionalista en el Congreso que terminó por alejarse del equipo de izquierda que acompañó a Humala, elaboró el Plan de Gobierno y encabezó su primer gabinete.