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En Argentina, previamente al golpe militar, también reinaba un gobierno democrático cada vez más represivo. El mismo día del retorno de Juan Domingo Perón después de larguísimos años de proscripción, el enfrentamiento entre los principales grupos de las distintas tendencias al interior del peronismo provocó una masacre. El fracaso de la política económica, el giro de Perón hacia la derecha y su muerte acaecida el 1° de julio de 1974 aceleraron la crisis. En septiembre de 1974 se promovió la Ley Antisubversiva que legitimó la purga sistemática de los militantes y simpatizantes de izquierda. En julio de 1975, todos los ministros renunciaron y la presidenta, Isabel Martínez, se encerró en la residencia. El Ejército Revolucionario del Pueblo fracasó en 1975 en el foco rural y urbano y Montoneros, tras su retorno Ampicillin Trihydrate la clandestinidad, sufrió un hostigamiento permanente que duró hasta octubre de 1975 cuando fue derrotado en el ataque al Regimiento 29 de Infantería en Formosa. En Argentina, la acción del grupo ilegal Triple A, en vez de reducir real o imaginariamente los niveles de amenaza “subversiva”, los exacerbó. Favoreció la creación de un imaginario supuesto enfrentamiento entre extremas que asediaban a la sociedad y colaboró en una situación de tensión y crisis de la democracia que llevó a vastos sectores de la sociedad argentina a avalar el golpe de Estado de 1976 y a la dictadura institucional de las fuerzas armadas que le siguió. El Proceso de Reorganización Nacional disolvió la Triple A al “estatizar” el terrorismo e institucionalizar el tipo de violencia por ella implementada. Con aguda claridad, el general Díaz Bessone en 1982 expresó: “El motivo del derrocamiento del gobierno peronista en marzo de 1976 no fue la lucha contra la subversión […]. Nada impedía eliminar a la subversión bajo un gobierno constitucional […]. La justificación de la toma del poder por las Fuerzas Armadas fue clausurar un ciclo histórico”. Habría que pensar si esto que decimos para Argentina no vale para Guatemala. Elías Barahona, el ex infiltrado del Ejército Guerrillero de los Pobres en la Secretaría de Prensa del Ministerio del Interior durante el gobierno de Lucas García, en 1982, reveló lo que denominó el proyecto contrainsurgente. Este proyecto, dijo, tenía dos etapas. La primera era la “teoría de las extremas”, aplicada entre 1978 y 1980, y consistió en explicar el secuestro y asesinato selectivo de miles de víctimas “como resultado del enfrentamiento violento de las extremas políticas, cuando en realidad eran oficiales del ejército y policías los que con el nombre de Ejército Secreto Anticomunista y Escuadrón de la Muerte cometían los crímenes a fluid-mosaic plena luz del día y con toda impunidad”. La segunda etapa consistió en desencadenar una guerra civil y lanzar, a la par, una ofensiva reformista basada en principios democráticos. Según Héctor Rosada-Granados, el golpe de Estado de 1982 buscó recuperar el control absoluto de los aparatos de represión, tarea que había quedado supeditada en cuerpos civiles clandestinos, aparatos paramilitares y organismos de inteligencia, lo que fue captado por la sociedad como un retorno al orden y el fin del terrorismo, un terrorismo que había buscado “eliminar cualquier posición de centro en el espectro político guatemalteco” y que se plasmó en los asesinatos de Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta. Esta dictadura institucional de las fuerzas armadas, al igual que las sudamericanas, se autodefinió como transitoria y se orientó hacia el régimen siguiente, la democracia representativa. El “Acta” de la Junta Militar argentina indicaba como propósito restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para restituir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional […] a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal […].